Ley 21.719: desde el 1 de diciembre de 2026 casi toda empresa en Chile debe cumplir la nueva Ley de Protección de Datos Personales. La suya probablemente también.

Para el cumplimiento documental y técnico mínimo, no. Si su caso requiere contratos complejos o representación legal, se lo diremos en el diagnóstico y trabajamos con abogados asociados.

Desde el 1 de diciembre de 2026 la Agencia de Protección de Datos puede fiscalizar y sancionar. Además, clientes corporativos ya están empezando a exigir cumplimiento a sus proveedores.

El diagnóstico se entrega en 48 horas. La implementación completa toma entre 5 y 20 días hábiles según el paquete.

Por ahora atendemos la Región Metropolitana de forma presencial y evaluamos casos remotos caso a caso. Déjenos sus datos.

La Ley 21.719 fue publicada el 13 de diciembre de 2024 y entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026. Desde esa fecha la Agencia de Protección de Datos Personales puede fiscalizar y aplicar sanciones.

Las infracciones leves se sancionan con hasta 5.000 UTM, las graves con hasta 10.000 UTM y las gravísimas con hasta 20.000 UTM, más de 1.400 millones de pesos. Las empresas de menor tamaño pueden recibir solo una amonestación en su primera infracción durante el primer año de vigencia, pero esa amonestación queda inscrita en un registro público de sanciones. Si la empresa no es de menor tamaño y reincide en una infracción grave o gravísima, la multa puede llegar al 2% o 4% de sus ingresos anuales, lo que resulte más alto (art. 35, inciso final).

Sí. La Ley 21.719 no establece ningún umbral de tamaño ni de facturación: aplica desde la microempresa hacia arriba. Si su empresa tiene trabajadores con contrato ya está obligada, y si además guarda datos de clientes o proveedores tiene obligaciones adicionales. Eso sí, el propio artículo 14 ter (inciso final) ordena que el estándar exigible sea proporcional al tamaño de la empresa: cumplir no le cuesta lo mismo que a un banco, y en el diagnóstico calculamos exactamente qué le corresponde a la suya.

Es el documento interno en que la empresa deja constancia de qué datos personales trata, con qué finalidad, bajo qué base de licitud, por cuánto tiempo los conserva y con quién los comparte. A diferencia del reglamento europeo, la Ley 21.719 no lo exige con ese nombre, pero el artículo 14 ter obliga a publicar esa misma información en el sitio web: sin el inventario levantado es imposible cumplir ese deber de información y transparencia. Omitirlo se sanciona como infracción leve según el artículo 34 bis.